Colectivos y organizaciones anticorrupción de Sinaloa advirtieron que la iniciativa enviada al Congreso estatal por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, contiene disposiciones que podrían limitar el acceso a la información pública.
Entre los puntos que generan preocupación está la ampliación de las causales para declarar información como reservada, la posibilidad de clasificar comprobantes fiscales y recibos como datos protegidos, y la extensión de los plazos de respuesta de 10 a 20 días hábiles, con prórroga adicional prevista.
La propuesta también contempla cambios estructurales, como la desaparición del órgano consultivo que permitía la participación ciudadana y la transferencia de funciones del organismo garante a una dependencia administrativa, lo que, según activistas, reduciría la independencia en la supervisión de la transparencia.
Organizaciones locales señalaron que esas modificaciones podrían proteger a funcionarios investigados y dificultar la fiscalización del gasto público. La iniciativa fue turnada a comisiones legislativas para su dictaminación y permanece en discusión.
El Ejecutivo estatal ha señalado que la reforma busca homologar el marco local con la normativa federal y mejorar la eficiencia administrativa, mientras que colectivos demandan mayor participación de la sociedad civil y garantías para mantener estándares de transparencia.
